El concepto del Cambio Climático se lo han apropiado grandes corporaciones y gobiernos como una excusa perfecta para impulsar políticas de expropiación, desplazamiento y reordenamiento del territorio. Bajo la máscara de la sostenibilidad, se están ejecutando proyectos que benefician a fondos internacionales, mientras empujan a comunidades rurales a la ruína y al olvido. Lo que alguna vez fue una causa común por el Medio Ambiente, se ha convertido en una bandera para justificar una reorganización global de población, propiedad y poder.
A través de leyes ambientales y la declaración de "utilidad pública", se expropian tierras agrícolas en España sin el consentimiento real de sus propietarios. Lo que se presenta como una transición energética es, en muchas casos, un proceso de vaciado rural planificado. Proyectos de energia solar o eólica, que podrían implementarse respetando las comunidades, se convierten en operaciones especulitivas y extractivas. El negocio verde tiene rostro: Grandes empresas energéticas como Iberdrola, Solaria, Grenalia o FRV, respaldadas por fondos extranjeros como Qatar Investment Authority, Norges Bank, o Macquarie, controlan territorios y decisiones. Estas entidades no están interesadas en la justicia climática, sino en el control de los activos que producirán beneficios en las próximas décadas.
Las políticas climáticas imponen normativas técnicas y fiscales que ahogan al pequeño agricultor y benefician a grandes inversores. Se ofrecen compensaciones económicas a unos pocos para dividir comunidades y facilitar el avance de megaproyectos solares y eólicos. Se prometen empleos y modernización, pero los contratos son precarios, el personal suele ser externo y el valor generado se fuga hacia los centros financieros internacionales. Los desplazamientos de población no son accidentales: Son inducidos por regulación, especulación y abandono institucional. Mientras tanto, se va perdiendo el tejido social y cultural que sostenía a esas comunidades.
Mientras el campo es vaciado, las ciudades se convierten en espacios hípercontrolados. Las llamadas "smart cities" integran vigilancia digital, control de datos, sistemas de crédito ecológico y restricciones que transforman la vida en un entorno trazable y regulado. Lo que se presenta como innnovación, es también una arquitectura de control. La libertad rural, con su autononmía produtiva y cultural, se reemplaza por una sostenibilidad teledirigida, donde el ciudadano debe cumplir con cuotas de carbono y conductas verificadas digitalmente.
Las decisiones no pasan por parlamentos ni ayuntamientos, sino por despachos de gobiernos, multinacionales y foros internacionales como la UE, la ONU o el Foro Económico Mundial. Las promesas de empleo o desarrollo en los pueblos son cortinas de humo: Los beneficios se van y el territorio queda desarticulado. La narrativa institucional está llena de palabras como "resiliencia", "transición" y "conservación", pero los hechos en el terreno revelan una estrategia de desposesión planificada y asimétrica.
Todo esto ocurre bajo el discursos de "salvar al planeta". Pero el verdadero problema no es el clima, sino cómo se están usando para reconfigurar sociedades desde arriba. Se habla de justicia climática, pero se ejecutan acciones sin justicia territorial ni participación comunitaria. Lo verde, cuando no incluye justicia y soberanía puede ser una nueva forma de colonización.
La sostenibilidad sin justicia se convierte en despojo. Y el concepto del cambio climático, lejos de ser un proyecto de humanidad, está siendo usado como una herramienta para concentrar poder, desplazar a los vulnerables y rediseñar el mundo al servicio de unos pocos.
El concepto cambio climático es un negocio para expropiar y desplazar a la gente a la ruína.
